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Leyes de Radiodifusión y Medios de Comunicación 10-01-2018

Comunicación y Cultura: De las tres dictaduras a la Ley de Servicios de Comunicación llegando al DNU del Presidente Mauricio Macri

Comunicación y Cultura: De las tres dictaduras a la Ley de Servicios de Comunicación llegando al DNU del Presidente Mauricio Macri

(por el Lic. Andrés Llinares) .- En un lapso de 52 años, se aprobó una sola Ley de Medios que obtuvo plena vigencia sólo dos años. Hubo elecciones, cambiaron los gobiernos, se juzgaron a los militares por delitos de Lesa Humanidad, pero nadie pudo destrabar el desequilibrio informativo. Hoy, todas las redes sociales en el país son plataformas extranjeras.

 

 

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales, aprobada y promulgada el 10 de octubre 2009, y que al momento de caer por un DNU del Presidente Mauricio Macri, vino a reemplazar la legislación más arcaica vigente en el país en este segmento.

 

Antes de llamada Ley de Medios, contábamos con el Decreto/Ley de Radiodifusión 22.285 que el 15 de septiembre de 1980 habían firmado el dictador Jorge Rafael Videla y sus ministros Albano E. Harguindeguy (del Interior), Jorge A. Fraga (de Bienestar Social), José A. Martínez de Hoz (de Economía), Carlos W. Pastor (de Relaciones Exteriores), Juan R. Llerena Amadeo (de Educación) y David R. H. de la Riva (de Defensa).
 

 

Pero antes de este Decreto/Ley, el de la última dictadura, la genocida, contábamos con otra norma que regía la radiodifusión. Fue el Decreto/Ley de Telecomunicaciones Nº 19.798 que emitido el 22 de agosto de 1972 (qué fecha, ¿no?) con las firmas del dictador Agustín Lanusse junto a las de tres funcionarios menores (Coda, Rey y Gordillo). 
 

 

Y antes este Decreto/Ley de Telecomunicaciones, o sea, antes de la "Ley Lanusse", estuvo vigente la que puso en marcha otro dictador (y van) anterior, Pedro Eugenio Aramburu también en septiembre pero de 1957. 
 

 

O sea que de septiembre de 1957 a septiembre de 2009, durante 52 años, no hubo otra norma que organice y reglamente la radio y la televisión argentina que no fueran las implementadas por los militares bajo regímenes dictatoriales instalados tras los golpes de estado que estaban acostumbrados a realizar. 
 

 

Y cuando finalmente el Congreso de la Nación en 2009 aprueba la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Nº 26.525, se rechaza por autoritaria. 

 

Bastante extraña es la manera tenemos los argentinos de pensar cómo se construye democracia. 
 

 

El recorrido de esos 52 años no fue fácil. 

 

Comencemos por la última dictadura militar que se inicia en 1976 y lleguemos al actual estado de situación. 
 

 

Durante todo el período asumieron el control del Poder Ejecutivo Nacional, el Partido Militar a través de tres Juntas que tuvieron como Presidente a Jorge Rafael Videla, luego a Eduardo Viola, le siguió Leopoldo Galtieri y, finalmente, sólo como presidente de facto, Reynaldo Bignone
 

 

Llega la apertura democrática en 1983 y asume Raúl Alfonsín. Le sigue Carlos Menem (al que siquiera le interesó una nueva ley), Fernando de La Rúa y Eduardo Duhalde.
 

 

Por diferentes motivos, ninguno de los mandatarios bajo el período democrático pudo dar curso a una nueva Ley de Medios que reemplazara la última, la de la dictadura genocida que entró en vigencia en 1980.
 

 

Cuando la democracia irrumpe, ¿qué tiene en sus manos el Gobierno Nacional para administrar radios y canales? Tiene la "Ley Videla" (así la voy a llamar de acá en más para abreviar). 
 

 

Raúl Alfonsín, el mismo día que asume, un 10 de diciembre de 1983, crea la Comisión Nacional de Desaparecidos (CoNaDep), dos años después logra sentar ante la justicia a las tres Juntas Militares y al último presidente de facto y todos se llevan su condena y repudio. Pero gobierna cinco años y seis meses y no puede hacer aprobar una Ley de Radiodifusión. ¿No es extraño? Puede juzgar a los dueños del poder saliente, logra hacer el segundo juicio histórico del mundo contra genocidas después de los Juicios de Auschwitz, pero le es imposible sacar una Ley de Radiodifusión a través del Congreso de la Nación. 
 

 

De esta reflexión surge la necesidad de analizar fundamentalmente el tramo que va de 1980 a 1994. O sea, desde la "sanción" de la "Ley Videla", pasando por el Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con Estados Unidos que firma Menem y George Bush, y la Reforma de la Constitución Nacional de 1994, las tres patas que sostendrán el Tercer Proceso de Concentración y Trasnacionalización de los Medios Masivos.
 

 

Comencemos. La "Ley Videla" de 1980 incluía el Plan Nacional de Radiodifusión (PLANAR) expresado en sus Artículos 39, 41, 106 y 110. Se trataba de la adjudicación de licencias de radio y televisión que se extendía (fijénse ustedes) hasta el año 1994 según el Decreto 462/81. 
 

 

Videla ya lo había dicho en su discurso de "asunción": "no tenemos plazos, sino objetivos". Así que 1981, cuando firma ese decreto, el 462, Videla, que había aniquilado a Montoneros y al ERP, que había ganado el Campeonato Mundial de Fútbol de 1978 y lograba que la clase media fuera de shopping a Miami y pusiera de moda el dame dos, piensa que el Partido Militar va a quedarse en el poder hasta al menos 1994. No previó el fracaso indefectible del programa de ajuste económico de Alfredo Martínez de Hoz, ni la guerra contra el imperio británico por Malvinas que lanzó Leopoldo Galtieri, ni la aparición de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo desparramando dignidad. 
 

 

Pero ahí está Videla en 1981 sentado en el sillón de Rivadavia y piensa licitar radios y canales de televisión. Y no sólo lo piensa, lo hace. ¿Cómo no va  a hacerlo si  eliminó, desapareció 30 mil militantes políticos? ¿No se va a animar a llamar a concursos para entregar las radios? Sí eso es mucho más fácil. Pero toma recaudos. ¿Qué quiere Videla con los concursos? Que aquellos hombres de los medios que lo trataron bien, que alabaron su gestión (o sea, la matanza), que le rindieron homenajes como salvador de la patria frente a la guerrilla marxista anticristiana, sean los futuros propietarios de los medios radioeléctricos.

 

Videla, se sabe, fue y es un hombre frío y calculador. Entonces empieza con las radios y promete más adelante privatizar los canales de televisión. ¿Cuándo firma el primer llamado a concurso? El 24 de marzo de 1981, fecha del quinto aniversario del golpe de estado. Y la apertura la establece para el 27 de mayo. ¿Qué emisoras están en juego? Radios alejadas de los grandes centros urbanos. O sea, Videla ensaya en la periferia. Licita LT 11 de Concepción del Uruguay, Entre Ríos; LU 32 de Olavarría, Buenos Aires; LV 15 Villa Mercedes, San Luis; y nuevas emisoras para radicar en Clorinda, (Formosa) y Chilecito (La Rioja).

 

Y les doy sólo un ejemplo. ¿Quiénes ganan el primer concurso? Lean: María Amalia Sara Lacroze de Fortabat, Eugenio Carlos José Aramburu (hijo del dictador Pedro Eugenio, muerto por la organización Montoneros en 1970), Alberto Ely Sarce y Maximiliano Prémoli que se quedan con LU 32 de Olavarría la cual comenzó a emitir en octubre de 1982. 

 

Pero hay una crisis interna, y Videla finalmente es desplazado 29 de marzo de 1981. De todos modos, los militares piensan seguir adelante con el plan y les parece bueno el "Método Videla". Así que realizan el segundo concurso el 8 de mayo de 1981 que se hizo público el 7 de julio. Estaba en juego LU 9 Radio Mar del Plata. Los militares se van acercando a la Capital Federal, o sea, licitan desde el Interior hacia la Ciudad de Buenos Aires, de la "periferia" al "centro".

 

Hay once oferentes e infinidad de impugnaciones cruzadas, pero finalmente se queda con LU 9 Radio Mar del Plata el relator de fútbol José María Muñóz que tanto había ayudado al gobierno militar durante el Mundial 78. Junto a Muñóz integraban la firma adjudicataria Radioemisora Cultural SACIFI, fijénse qué apellidos, Julia Angélica Alegre de Cotti, Jorge Ramón Florencio Barilatti, Wenceslao Caballero, Jaime Monk, Mersidio Domínguez Rosario Morano, Marta Sandalia Peralta de Riobó, María Esther Pérez Albisu de Fernández de Cortés (en serio, es así de largo), Rodolfo Jorge José Rossi y el capitán Jorge Talamoni (titular de Radio Rivadavia desde donde emitía Muñóz el fútbol). 
 

 

Recién el 5 de octubre de 1981 los militares desembarcan en Capital Federal con la licitación de Radio Argentina. Y claro, ¿a quién se la entregan? A la Iglesia Católica. Así como la primera licitación durante el Proceso de Reorganización Nacional la gana María Amalia Sara Lacroze de Fortabat, la primera que se realiza en la Ciudad de Buenos Aires tiene como protagonista a la Revista Esquiú bajo el nombre de Radio Familia SA, una firma integrada por hombres pertenecientes a entidades de bien público vinculadas a la Iglesia como el Secretariado de Ayuda Cristiana a las Cárceles, la Liga de Padres de Familia, la Acción Católica y el Movimiento Familiar Cristiano (Cuando Radio Argentina comienza a funcionar, contratan a Jorge Cacho Fontana y Hugo Guerrero Martinheitz).
 

 

En el mismo concurso llaman a licitación para privatizar Radio Libertador General San Martín, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fé. Queda en manos de la empresa Televisora Litoral SA conformada (les nombro los más destacables) por: Alberto Casiano Gollan (importador de series norteamericanas y director del Canal 3 de Rosario), Carlos Leopoldo Lagos (director y accionista del diario La Capital), Jaime Katester (propietario del vespertino Hoy), Jorge Washington Lagos (Secretario de Redacción de La Capital), Carlos E. R. Stein Couzier (empresario yerbatero), Sady Raúl O. Tabuchi (integrante de la Sociedad Rural de Rosario) y Roberto Monserrat (integrante y uno de los propietarios del directorio del Banco Monserrat), entre otros. Esta licitación es interesantísima porque demuestra, en primer lugar, que la "Ley Videla" no estaba hecha para cumplirla (sino para prevenir, ya lo voy a explicar).

 

 

El Inciso E del Artículo 45 prohibía expresamente que los diarios se presentaran a las licitaciones. Pero de hecho, los ganadores en Rosario arman el primer multimedios del país al unir el Canal 3 con los diarios La Capital y Hoy y la radio Libertador General San Martín. En esta licitación de 1981, a 330 kilómetros de la Capital Federal, ya tenemos el germen de lo que vendría: sociedades conformadas por propietarias de diarios, publicistas, empresarios agrícolas y ganaderos y financistas. Medios, campo y finanzas, todo un adelanto a lo que ocurriría tan sólo ocho años después, durante 1989, bajo el gobierno de Menem gracias a la Ley de Reforma del Estado.

 

 

Es bueno aclarar una teoría que aún se difunde incluso en ámbitos académicos en relación a la restricción que los militares impusieron a la formación de monopolios a través del Inciso E del Artículo 45 por el cual los diarios no podían comprar radios y/o canales y a la absoluta restricción de capitales extranjeros en los medios de comunicación masivos argentinos expresado en el Inciso F del mismo artículo.

 

La teoría señala que esos dos aspectos establecidos por la última dictadura eran buenos comparados a: 1) La principal modificación introducida por la Ley de Reforma del Estado, aprobada por el Congreso Nacional en 1989 bajo el mandato de Menem, quién permitió la compra de radios y canales por parte de revistas y diarios. Y 2) la firma dos años después, en 1991, del Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Menem y Bush, que derrumba la prohibición del capital extranjero en la participación de diarios, canales y radios argentinos una vez que se apruebara la Reforma Constitucional de 1994. 
 

 

Esta teoría intenta señalar una sola cosa: Menem fue peor que Videla al abrir paso a la conformación de multimedios y su posterior trasnacionalización.

 

Supongo que es fácil de entender: el razonamiento es falso. Menem fue la continuidad democrática (o sea, sin matanza de por medio) del proyecto económico del Partido Militar. Aunque controversial, este hecho (de que al menos no hubo una matanza) lo hace mucho mejor a Menem que a Videla. 
Pero entonces, ¿por qué las restricciones de los militares? ¿Por qué el Partido Militar no quería que los diarios compraran radios y Menem los deja?

 

Veamos. Como en la década del '70 el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), brazo político del grupo guerrillero Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), manejaba el diario El Mundo con una tirada de cien mil ejemplares, y la Organización Montoneros, el Matutino Noticias con ventas que llegaron a superar los 300 mil ejemplares, tenían miedo que en algún reflujo de dinero (por caso, parte de los 60 millones de dólares del secuestro de los hermanos Born que todavía estaba en manos de la cúpula montonera)  retornara al país para armar un multimedios.

 

De hecho, sabían que Leónidas Saadi había empezado a trazar vínculos con la organización que finalmente, en 1982, luego de la Guerra de Malvinas, editaría el conocido diario La Voz. Esta es la explicación y no el carácter "progresista" y nacionalista del Artículo 45 de la "Ley Videla".
 

 

Retomemos. En septiembre de 1981, y con apertura para el 23 de noviembre, los militares licitan LR 9 Radio Antártida de Capital Federal que inmediatamente después pasó a llamarse Radio América. Hay siete oferentes y gana DESUP SRL, una empresa integrada por Adolfo Antonio Critto (abogado y ex asesor del Ministerio de Bienestar Social durante la dictadura de Juan Carlos Onganía), Hernando Campos Menéndez (un ingeniero industrial miembro de la Comisión Justicia y Paz del Episcopado) y Virgilio Tedín Uriburu (un peronista ortodoxísimo). Como ven, los ganadores siempre son bastante similares. 
 

 

En 1982 se realiza el concurso de LS 6 Radio del Pueblo, luego Radio Buenos Aires ("La Primera de la Derecha") que gana Radiodifusora Esmeralda integrada por Luis Fernando Herrera (miembro del Partido Federalista del Centro), el periodista Raúl Lorenzo Urtizberea y Aníbal Norberto Piaggio
 

 

El 18 junio de 1983 (a meses de que Raúl Alfonsín ganara la presidencia de la Nación) se llama a licitación de Radio El Mundo y ganan los "liceístas" por ser todos egresados del Liceo Naval Militar Almirante Guillermo Brown y con vínculos con la Marina.
 

 

El 19 de agosto se pone a licitación Radio Splendid y gana Radiodifusora Buenos Aires SA integrada por Julio César Cueto Rúa (ex Ministro de Comercio e Industria del dictador Pedro Eugenio Aramburu) y Juan Angel Chamero, entre otros.

 

Splendid le da cabida a todo el periodismo procesista, entre ellos Carlos Vattuone (que conducía el programa Alternativas. En un programa especial transmitido desde el Hotel Crillón, a comienzos de 1985, Vattuone reunió a lo más granado de la derecha y durante el mismo varios oradores se pronunciaron a favor del golpe de estado. Este periodista calificó al gobierno de Alfonsín como una "dictadura" que estaba "entregando al país a la órbita soviética", según Ricardo Horvath en "La Trama Secreta de la Radiodifusión Argentina", Ediciones Unidad, 1987).
 

 

Y finalmente, los militares licitan a fines de agosto de 1983, Radio Mitre de Capital Federal. Ganan la licitación el locutor Horacio Osvaldo de la Canal, Carlos Norberto Fioroni, Víctor Augusto D`Apice (de la consignataria de hacienda Víctor D`Apice y Asociados), Julio Harold Moyano (productor de Canal 7), Pablo Eduardo Gowland (conocido publicista y responsable de la campaña de Ricardo Balbín en 1973), Nicolás Cordero y Joaquín Rodolfo Oteiza
 

 

Está demás, pero brevemente hay que sintetizar que así como durante su dictadura, Aramburu emite un Decreto/ Ley de Radiodifusión y en 1959 licita los canales que ganarán tres "empresas" absolutamente insolventes como la liderada por la UCR del Pueblo que se queda con el 13 pero debe acordar con la cadena norteamericana CBS para ponerlo en marcha; como la Iglesia Católica que adquiere el 11 para finalmente trabar una "alianza estratégica" con la estadounidense ABC para poder poner su señal al aire y, por último, sale triunfante el esquema societario conducido por el publicista Curt Lowe (fijénse el nombre) que se queda con el 9 y tiene que pedir ayuda a la NBC para montar estudios y adquirir equipos; así como bajo la dictadura de Onganía, por dar sólo un ejemplo, "los Massot" (Vicente, Alejandro Enrique y Federico Cristian, o sea, padre y dos hijos) siendo propietarios del diario siempre pro golpe de estado La Nueva Provincia de Bahía Blanca "ganan" en 1968 la licitación de Radio LU 2 y Canal 9, ambos en esa misma ciudad, del mismo modo, copiando a sus antecesores, la última dictadura militar inicia con el Decreto 462/81 el Plan Nacional de Radiodifusión para entregar las emisoras radiales a sus "amigos". ¿Y quiénes eran? Los acabamos de leer: hombres y mujeres de los medios que callaron ante el desastre de la dictadura, empresarios agropecuarios, ganaderos, profesionales vinculados a la Iglesia Católica y financistas. 
 

 

Todo un plan sistemático de apropiación de medios y posterior entrega a manos privadas "amigas" para que garanticen la continuidad civil del proyecto del Partido Militar. Plan sistemático que se reprodujo una y otra vez durante el lapso que va de 1957 a 1983 y que tuvo que ver con desnacionalizar la economía con la excusa de ponerla al servicio del "mercado internacional". 
 

 

Ahora bien, en 1981 está claro: el plan económico de Martínez de Hoz es un fracaso absoluto (no la matanza) y entonces el Ministro de Economía deja el gobierno de facto junto a Videla.

 

Un año después se pierde la guerra declarada a los ingleses por la soberanía de las Malvinas (pero no el combate contra las organizaciones guerrilleras) y la dictadura comienza a desmoronarse. 
 

 

En 1983 hay elecciones y gana el radical Alfonsín. ¿Qué hace el hombre que manda a juicio a los militares masacradores? No deroga la "Ley Videla" sino el Decreto 462/81 con el que había nacido el plan de privatizaciones que finalizaría en 1994 por el cual se otorgarían 144 emisoras a manos privadas.

 

¿Cómo lo anula? A través de otro decreto, el Nº 1151 de abril de 1984. 
A ver, de nuevo: Alfonsín no deroga la "Ley Videla" sino el decreto que daba origen a las privatizaciones. Pero tampoco anula los concursos. ¿Tan fuerte es el lobby mediático para que alguien que se "atreve" a juzgar a los  militares no pueda anular las licencias y derogar la "ley Videla"? Claro que sí. 

 

 

De todos modos, como había prometido en campaña, Alfonsín dice que quiere una nueva Ley de Radiodifusión aprobada por el Congreso.

 

Y el 1º de diciembre de 1985 crea el Consejo para la Consolidación de la Democracia (Cocode) que fija pautas para la nueva ley: pluralidad y diversidad de la propiedad y acceso a los medios masivos de comunicación sin que existiera una "expresión vertical en el reparto" (...) "por parte de los distintos agentes involucrados" como "el Estado Nacional, provincial y municipal, las empresas privadas, entes públicos no gubernamentales y asociaciones comunitarias (...)". En definitiva, un reparto democrático. 
 

 

Dos años después emerge el proyecto de Ley de Radiodifusión del Cocode que tenía mucho que ver con el proyecto Radio y Televisión Venezolana (RATELVE) elaborada por profesionales del sector, entre ellos, la argentina Margarita Graziano (prestigiosa intelectual de los medios que saltó a la fama en 1974 cuando a los 22 años publica "Los Dueños de la Televisión en la Argentina" en la Revista N° 3 de Comunicación y Cultura de Editorial Galerna).
 

 

El proyecto del Cocode establecía que los medios gráficos sólo podían tener el 33 % de los votos y del capital de los medios audiovisuales en la misma área de cobertura, las redes no podían tener más de cinco emisoras, no podían cubrir más del 30 % de su programación con material de la cabecera o extranjero y se le asignaba un porcentaje de producción propia, entre otras cosas.

 

Imagínense la reacción de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), de la Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independiente (CEMCI) que venían negociando con la dictadura para desregular el mercado y la mismísima democracia (a la que nunca apoyaron) se los negaba.

 

 

¿Qué tipo de democracia era esta de Alfonsín que juzgaba a los militares y seguía prohibiendo a los diarios comprar radios y canales? Obviamente una dictadura de izquierda, como había dicho el periodista Vattuone. 

 

 

Por eso, pese al proyecto muy valioso del  Cocode, finalmente el partido del gobierno decide  desde la Comisión de Medios de Comunicación Social que presidía el diputado Leopoldo Moreau, retocar un viejo proyecto del abogado Henoch Aguiar y presentarlo en la Cámara Baja.
 

 

O sea, aún estaba vigente la "Ley Videla", pero no habría más privatizaciones (por la derogación del PLANARA) y se presentaba un proyecto de radiodifusión distinto al del Cocode. 
 

 

¿Qué ocurrió? Bajo este contexto, y ante el avance de la tecnología (el pase de la válvula al transistor), a partir de 1986, y con más fuerza en 1987, emergen las radios de baja potencia en los barrios de Capital Federal, del Conurbano bonaerense y en algunas ciudades del interior del país. 
 

 

A su vez, se retomaban los debates producidos en la Cumbre del Movimiento de Países no Alineados del `73 (del que dará cuenta Heriberto Muraro a través de su famoso artículo "La Manija" publicado en tres partes en la Revista Crisis durante 1973) y que permanecerá oculto (el debate) durante toda la dictadura.

 

 

¿De qué se trataba? De romper la hegemonía y la asimetría informativa. O sea, los medios estaban en manos de dictaduras y el intercambio informativo con Europa y Estados Unidos era absolutamente asimétrico. ¿Cómo revertir esto? A través de una ley que permitiera el ingreso de nuevos actores, como las cooperativas, que estaban vedadas de tener radios, y exigir mayor producción local de contenidos. 
 

 

O sea, se intenta pasar de la noticia como mercancía a la información como bien social, un concepto que acepta la UNESCO y se ratifica en su Conferencia Anual de 1976 realizada en Costa Rica y que finalmente terminará dando origen al llamado programa Nuevo Orden Informativo Internacional.
 

 

Así como la apertura democrática había traído aparejado el "destape" a principio de los `80 con revistas como Eroticón, la misma Destape, Shock y Sexhumor, también se produjo el "expresate" con revistas como El Porteño, El Periodista, Cerdos & Peces, diarios como Página/12 y sobre todo las emisoras de baja potencia. 
 

 

Las radios estaban diseminadas por todo el territorio nacional, pero especialmente en el conurbano bonaerense y tenían una agenda muy distinta a las "nacionales" ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires. La agenda cuestionaba irremediablemente la última dictadura, respaldaban la democratización de todas las áreas y organismos del Estado y trataban temas como el aborto, la liberalización de la marihuana y el cambio de sexo sin restricciones. Y todo esto con la participación de lectores y oyentes. 
 

 

Pero la primavera, que no fue plena, acabó en 1987  con el decomiso y cierre de una de las primeras radios de baja potencia: el Bulo de Merlín (así se llamaba) que había iniciado sus transmisiones en 1986 en Capital Federal.

 

Para entonces, ya existían radios que se habían hecho muy conocidas como FM En Tránsito de Castelar (que tuvo dos pedidos de clausura en 1987 de los que logró zafar) Radio Lomas de Zamora de Gabriel Mariotto y Radio Activa (que también decomisan).
 

 

El cierre del Bulo de Merlín disparó la necesidad del resto de las emisoras de baja potencia y sin licencia de organizarse. De este hecho surge la entidad que se llamó y aún se llama Asociación de Radios Comunitarias (ARCO) y que se expandió por el país hasta pasar a ser la poderosa Federación de Radios Comunitarias (FARCO).
 

 

Estamos en 1987. ¿Qué tenemos hasta acá? La suspensión del proceso de privatización de radios iniciado por la dictadura, la vigencia de la "Ley Videla" que consideraba a las emisoras sin habilitación "Clandestinas" (Artículo 28), la irrupción de las radios de baja potencia por todo el territorio y la presión de los empresarios para poder "comprar medios en manos del Estado Nacional".
 

 

¿Que veía la Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independiente (CEMCI), la Asociación de Radiodifusores Privados (ARPA) y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA)? Que el gobierno que no autorizaba la compra de radios y canales a los diarios mientras miraba para otro lado ante la proliferación de "radios clandestinas" prohibidas por la "Ley Videla", aún vigente.

 

Entonces se incrementaron las presiones. ¿Podían lograrlo las tres entidades? Claro que sí. En Semana Santa de 1987, por ejemplo, el Gobierno de Raúl Alfonsín sufre un levantamiento militar liderado por el General Mohamed Alí Seineldín y el coronel Aldo Rico
 

 

El cuarto día, domingo, la Plaza de Mayo estaba repleta de ciudadanos que querían defender la democracia. Alfonsín había puesto en marcha la cadena nacional a partir de las entrevistas a los carapintadas que Radio Mitre, ya en manos del diario Clarín (de manera ilegal y oculta, claro) difundía constantemente como método de presión. Ese domingo, Alfonsín sale al balcón y le promete a la gente entrevistarse con los jefes carapintadas en Campo de Mayo para que "depongan su actitud". Sale el helicóptero blanco del helipuerto sobre el techo la Casa Rosa, vuelve tres horas después. La gente lo ve llegar, aterrizar y se impacienta. Alfonsín sale al balcón para pronunciar frente a la gente y por cadena nacional aquella frase que nos catapultó en un abrir y cerrar de ojos a la resignación: "La Casa está en Orden" mientras en las oficinas contiguas se escribían las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final
 

 

Estamos en abril de 1987. No hay medios a privatizar, la gente está resignada, la radios de baja potencia proliferan, las entidades corporativas mediáticas presionan y el 6 de septiembre para colmo hay elecciones legislativas.
 

 

¿Qué ocurrió? El gobierno pierde las elecciones, el peronismo eufórico pasa a dominar la Cámara de Diputados y todo se desfigura. 
 

 

El Gobierno Nacional que había abierto el relato de la democracia en 1983 bajo la conducción de Alfonsín con el respaldo de la UCR y miles de argentinos de otras tradiciones políticas, está agotado, exhausto, desgastado.

 

Lo atacan los medios masivos, los sindicatos (la CGT le hace once paros en toda su gestión), los militares se levantan, el campo lo rechaza y chifla en la sede de la oligarquía, la Sociedad Rural y la Iglesia Católica le hace marchas "y la cruz" por promover, aprobar y promulgar la Ley de Divorcio. 
 

 

Y entonces cede ante los militares (envía y logra aprobar la Ley de Obediencia y Punto Final), cede ante los grupos mediáticos (al llamar a licitaciones sin nueva Ley de Radiodifusión, sí, lo hizo) y finalmente cede  hasta sucumbir ante las corporaciones agrofinancieras que desencadenan una corrida cambiaria imposible de frenar por el Tesoro Nacional.

 

Acto seguido se disparará un proceso hiperinflacionario, se desatará un conflicto social irrefrenable y Alfonsín adelantará las elecciones y acortará su mandato.
 

 

Pero antes de que todo llegue al final, ante de que se retire del gobierno, los conglomerados de diarios y revistas y algunos canales abiertos del interior y de cable que ya existían, y se nucleaban en el CEMCI para exigir la privatización de los canales que se encontraban desde 1974 en manos del Estado Nacional, también ganan la batalla. 
 

 

Finalmente llegan los tan ansiados procesos de privatización de los canales de televisión. Sí, el gobierno de Raúl Alfonsín quiso pero no pudo vender los canales 11 y 13 (Canal 9 ya se lo había "reintegrado" a Romay).

 


El concurso sobre Canal 11 queda vacante ante la deuda inconmensurable que tenía la empresa estatal (entonces de más de 7 millones de dólares), sumado a lo precario del edificio en el que funcionaba y el deterioro y atraso de los equipos técnicos.

 

El Gobierno Nacional absorve parte de la deuda, como quería el CEMCI, y llamó a una segunda licitación. ¿Qué ocurrió? Sólo se presentó Héctor Ricardo García, dueño del diario Crónica, que estaba inhibido por la "Ley Videla" por ser propietario de una publicación gráfica (¿recuerdan? Artículo 45 inciso e)

 

Entonces recurre a un recurso de amparo y logra frenar la licitación de Canal 11.  
 

 

En tanto, varias firmas habían comprado los pliegos de licitación de Canal 13, pero finalmente la licitación es declarada desierta porque ninguna de las empresas tenía los fondos necesarios para adquirir los equipos, repetidoras y el inmueble de Constitución al precio que el Gobierno Nacional exigía.
 

 

¿Qué ocurre que después de años de presión nadie quiere los canales? No es que no los quieren. Los quieren pero a precios "regalados".
 

 

Acá hay tres aspectos importantes para observar. En primer lugar, un Estado al que desgastan y se desgasta. En segundo término, los grupos empresarios que quieren hacerse de empresas del Estado a "precio vil" (como se dice en Derecho Comercial). Y, por último, que los procesos de privatización de los canales y radios no comenzaron con el menemismo sino durante el gobierno de Alfonsín por más que no hayan prosperado.
 

 

Ante el cúmulo de problemas descriptos, Alfonsín adelanta la elecciones para el 14 de mayo de 1989 y luego anuncia que entregará el poder el 8 de julio (cuando debería haberlo hecho el 10 de diciembre). 
 

 

Menem asume el 8 de julio y tan sólo treinta días después se aprueba la Ley de Reforma del Estado Nº 23.696, conocida como Ley Dromi
 

 

Menem no piensa en una Ley de Radiodifusión democrática y horizontal. Está muy alejado de esa idea. Es más, le es absolutamente indiferente. La Ley Dromi va a resolver la puja, la cuestión de fondo, en el seno del mercado. Ese será el territorio en el que los diarios comprarán radios y emisoras de televisión.

 

Con tan sólo un párrafo, Menem abre la compuerta a la formación de los monopolios. Los diarios ahora sí podrán comprar y no habrá límites para la cantidad de licencias. 
 

 

Acá hay algo clarísimo. Si Menem asume el 8 de julio y para el 17 de agosto el Congreso aprueba la Ley Dromi con estas modificaciones, significa que desde hace tiempo viene trabajando su equipo junto a las entidades CEMCI, ARPA y ADEPA, las tres grandes que le habían dado vuelta la cara a Alfonsín y a su amigo peronista Antonio Cafiero que gobernaba desde 1987 la provincia de Buenos Aires y permitía que los intendentes montaran radios comunitarias sin habilitación.

 

Entonces apoyan fuertemente al privatizador Menem
También podemos observar que las prácticas destituyentes ya estaban en marcha en 1987, ´88 y ´89. De ahí que durante el Levantamiento de Semana Santa, Radio Mitre evitara sumarse a la Cadena Nacional y le diera prensa a Seineldín y Rico

 

 

Sigamos. Con la Ley Dromi aprobada por el Congreso de la Nación bajo el brazo, Menem declara sujetos a privatización Canal 11, Canal 13, Radio Belgrano, Radio Excelsior y el resto de los medios administrados por el Estado excepto ATC, Télam, Radio Nacional, la RAE y las emisoras del Servicio Oficial de Radiodifusión (SOR). Todo esto figura en el Decreto 830/89 firmado el 26 de septiembre.
 

 

 

A ver, vamos de nuevo: el 14 de mayo hay elecciones, el 8 de julio gana Menem, el 17 de agosto se aprueba la Ley Dromi y el 26 de septiembre se firma el decreto privatizador 830.

 

 

El proceso se produjo en cuatro meses y quince días. Un político gana la elección, asume, presenta una ley y vende dos canales y dos radios. 
¿No estaba todo arreglado de antemano? ¿Qué es todo? La caída de Alfonsín y el ingreso a la privatización de las empresas en manos del Estado Nacional. Obvio. ¿Y cuáles fueron los actores de tanto desastre? Los ganadores. 

 

 

Tras la licitación, el Grupo Clarín se queda con Canal 13 y Canal 11. Así fue. Gana los dos concursos en un exceso de agradecimiento por parte de Menem
Pero tiene que elegir. Entonces se queda con Canal 13, el mismo que nadie había podido comprar por falta de fondos cuando Alfonsín salió a privatizarlo. No hacen falta más explicaciones sobre esto (¿o sí?). Y la española Telefónica se queda con Canal 11. 

 

 

Las privatizaciones de medios y otras empresas del Estado siguieron adelante. Menem quiere eliminar deuda en bonos para volver a tomarla en dólares. Entonces se viene la firma del Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con Bush, en Washington en 1991 (ratificado por el Congreso de la Nación a través de la Ley 24124/91 a la que ninguna corporación se opuso ni recurrió a la justicia por una cautelar como lo hicieron con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual). 
 

 

Se firma el Tratado (así lo voy a llamar de acá en más) y dos años después, en 1994, ingresan los capitales extranjeros al mercado de medios masivos.

 

¿Pero no era que estaba restringida la inversión extranjera en medios de comunicación tal como estaba expresado en la "Ley Videla" aún vigente? Sí, pero la Reforma Constitucional de 1994 había establecido que los tratados internacionales tenían menor rango jurídico que la Constitución Nacional y mayor que una ley del Congreso. 
 

 

Así que si la Ley Dromi le abrió las puertas a la conformación de los multimedios, el Tratado y la posterior Reforma Constitucional lo hacen a la trasnacionalización.

 

Entonces el capital financiero que no entienden nada sobre el derecho a la información y sólo ansian el lucro sin trabajo, ingresa al país país y compra partes de las sociedades de los grupos conformados a partir de 1989. 
 

 

El debate por debajo, en universidades, organizaciones gremiales y entidades como ARCO, FARCO y la regional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC, fundada en 1990) se agudiza. También en las universidades y sindicatos de prensa. La información no es un bien comercial, un objeto de compra y venta. Es un derecho.

 

Pero no hay oídos para esto en el Gobierno Nacional de Menem en el que todo se compra y se vende.
 

 

En 1999 termina el segundo mandato de Menem y asume la presidencia el radical Fernando de La Rúa y el frepasista Carlos Alvarez gracias a la Alianza entre ambos espacios políticos. El gobierno tiene terribles problemas económicos para salir de la "convertibilidad" menemista, la de un peso un dólar aprobado por el Congreso de la Nación durante los noventa que nos impide exportar y llena el país de baratijas y artículos extranjeros.

 

Conclusión: la industria nacional continúa su camino a la desaparición y aumenta el desempleo. Bajo este marco, varios diputados presentan proyectos de Ley de Radiodifusión, entre ellos Margarita Stolbizer. Pero, obviamente, no prosperan. Los problemas son otros. Encima, renuncia el vicepresidente Alvarez por presunción de corrupción en el Senado de la Nación en vez de quedarse y desenmascararla. Y De la Rúa, ya solo y agotado, tiene la brillante idea de nombrar Ministro de Economía a Domingo Cavallo, ex presidente del Banco Central durante la última dictadura, ex Ministro de la misma cartera durante el Gobierno de Menem y autor de la convertibilidad de los noventa.

 

De la Rúa y Cavallo aplican el "corralito" en todo el país (los depósitos podían extraerse de manera cuantificada) y la clase media deja de consumir productos y servicios. Se corta la cadena de pagos, el hambre arrasa, comienza otro nuevo proceso hiperinflacionario y el país vuelve a estallar. Conclusión: De la Rúa renuncia.
 

 

Asumen cinco presidentes hasta que Eduardo Duhalde queda fijo al frente del Poder Ejecutivo Nacional. Una de las frases más aplaudidas durante su nombramiento como Presidente de la Nación es "el que depositó dólares, va a recibir dólares" que para ese entonces ya no cotizaba 1 a 1 sino 4 a 1 en el mercado paralelo. La brecha era inmensa.
 

 

Duhalde asume el 2 de enero de 2002 y deja el mandato el 25 de mayo de 2003 (tras los asesinatos por la Policía Bonaerense de los militantes sociales Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en Avellaneda). 
 

 

Ese 2 de enero es el que dice frente a la Asamblea Legislativa "el que depositó dólares va a recibir dólares"
 

 

Cuatro días después de asumir, el 6 de enero de 2002, Duhalde promulga la Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario (Nº 25.561) que deroga la convertibilidad y pesifica los créditos otorgados por el sistema financiero. 
 

 

Y el 9 de enero, una semana después de haber prometido los dólares, publica el Decreto 71/2002 estableciendo un nuevo tipo de cambio oficial de 1,40 pesos por dólar más SER. También, en el mismo decreto reglamenta la pesificación de las deudas de las personas físicas y jurídicas de acuerdo al esquema de cambio de un peso igual a un dólar.
 

 

¿Esto que significó? Si un empresario debía un millón de dólares y por otro lado tenía guardado otro millón en el exterior, podía licuar su deuda. Porque la deuda de un millón de dólares, al ser deunda, se peseficaba uno a uno. O sea: debía un millón de pesos. Y si ingresaba al país el millón de dólares guardado en el exterior, lo cambiaba en el mercado legal por 1,4 o en el negro y obtenía cuatro millones. O sea, le alcanzaba para pagar cuatro veces su deuda con la pesificación asimétrica. 

 

 

Ahora, si un pequeño ahorrista de 60 años tenía en el banco 50 mil dólares guardados por los imprevistos que generan la vida, podía retirar 70 mil pesos, o sea, 1,4 pesos por dólar o cambiarlo en el mercado negro cuando la moneda llegó a valer 4 pesos. 
 

 

Esto signficó que el ahorro de todos los argentinos licuó las deudas de las corporaciones luego de que Duhalde se desdijera en una semana. De nuevo: el 2 de enero dice el que depositó dólares cobrará en dólares y el 9 saca  la pesificación asimétrica.
 

 

¿Qué pasó en el medio, entre el 2 y el 9 de enero? Duhalde se reúne con la poderosa AEA (Asociación Empresaria Argentina), respaldada por la UIA (Unión Industrial Argentina), Adeba (Asociación de Entidades Bancarias), la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), la Cámara de Comercio (CAC) y la Sociedad Rural (SR), y lo convencen de aprobar la pesificación "asimétrica" porque sino se funden todos porque tienen deudas en dólares. Y si se funde la "industria nacional", ¿quién le dará trabajo al pueblo argentinolas? 
 

 

Para que tengan una dimensión de los que significa AEA, actualmente está conformada por Jaime Campos (Presidente y vocero) y como vicepresidentes Luis Pagani (Arcor), Paolo Rocca (Techint), Héctor Magnetto (Grupo Clarín), Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó), Carlos Miguens (Grupo Miguens, ex titular de la Sociedad Rural), Aldo Roggio (Grupo Roggio), José Cartellone (JC Construcciones Civiles), Alfredo Coto (Supermercados Coto), Enrique Pescarmona (IMPSA) y Cristiano Rattazzi (Fiat Argentina). Y siguen los grandes nombres en la secretaría, tesorería y vocalías.

 

¿Leyeron los nombres y quién está metido entre ellos? Sí, lo leyeron, Magnetto.
La pesificación asimétrica queda aprobada. Pero no alcanza. Entonces Duhalde manda al Congreso la Ley de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales Nº 25.750 que se sanciona el 18 de junio de 2003, bajo el mandato de

 

¿Por qué esta ley? Cortito, limitaba h


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